Relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos de los pueblos Indígenas
La congresista María Cleofé Sumire de Conde, Presidenta de la Mesa de Interculturalidad y Pueblos Originarios, inauguró la sesión y señaló que en el Perú existen más de 70 pueblos
Flores – Confederación Nacional Agraria – CNA.
El Sr. Antolín Huáscar Flores, Presidente de la Confederación Nacional Agraria, expuso la indígenas que hablan idiomas nativos de 18 familias lingüísticas, distribuidos oficialmente en 2345 comunidades nativas y 5818 comunidades campesinas. Señaló también que no existe un censo del número de indígenas, que un 70 % de los indígenas son pobres, que el analfabetismo es del 20 % y que se está reduciendo el aprendizaje de los idiomas nativos en los niños indígenas, existiendo además problemas de falta de acceso a servicios de salud y educativos, discriminación y una política de despojo de territorios por parte del actual gobierno. Con lo cual se persigue invisibilizar a los pueblos originarios.
Política Agraria. Antolín Huascar difícil situación de los pequeños y medianos agricultores que son mayoritariamente indígenas, quienes a pesar de suministrar el 70 % de los alimentos del país y ser la base de la seguridad alimentaria nacional son afectados por la política neoliberal extrema del actual gobierno, que favorece a las empresas transnacionales y privilegia la agroexportación, la venta de las tierras agrícolas y su entrega para actividades mineras, la promoción de transgénicos y agrótoxicos, así como la producción de agrocombustibles. Sustentó su denuncia en los Decretos Legislativos 1020, 1064 y 1074 y 1080, emitidos por el Poder Ejecutivo sin consultar a los pueblos originarios.
Derecho a la consulta, consentimiento libre previo e informado
Mario Palacios Panez – Presidente de la Confederación Nacional de
Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI.
El Sr. Mario Palacios Panez, Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, señaló que el derecho a la consulta y al consentimiento libre previo e informado que reconoce el Convenio 169 OIT no se respeta en el Perú, lo cual se constata más claramente en las actividades mineras y de hidrocarburos, ya que se han concesionado 25 millones de hectáreas que se sobreponen a pueblos indígenas, parques nacionales, ríos, bosques, etc,
Recursos Naturales, Forestales, Hidrocarburos y Minería
Oseas Barbarán Sánchez – Presidente de la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP
El Sr. Oseas Barbarán Sánchez, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú,expuso que no hay un desarrollo legal del derecho a la consulta para el uso de los recursos naturales, y que los pueblos indígenas no son receptoras del canon que generan sus recursos porque éste es entregado a los gobiernos locales y regionales, y que tampoco se permite que las comunidades monitoreen las actividades extractivas, vulnerándose inclusive la intangibilidad de los pueblos en aislamiento. Por esolos pueblos indígenas reclaman reglas claras y seguridad para sus derechos, con mayor razón ahora que el gobierno ha emitido varios Decretos Legislativos (por ejemplo: 1064 y 1090) afectando los derechos de las comunidades, afectando sus propiedades y recursos comunales.
Discriminación, educación, identidad, cultura y salud en el Perú:
derechos vulnerados de las mujeres y pueblos indígenas
Tarcila Rivera Zea – Centro de Cultura Indígena Chirapaq / Jessica Ayre - Tierra de Todos
La Sra. Tarcila Rivera Zea, Presidenta del Centro de Cultura Indígena Chirapaq, señaló que en el Perú existen entre 8 y 12 millones de indígenas, de los cuales la mitad son mujeres. Informó que no existe ni educación ni salud intercultural, que hay altas tasas de analfabetismo y deserción escolar, que la mujer sufre triple discriminación (por ser mujer, pobre e indígena.
Por su parte, la Srta. Jessica Ayre, representante de Tierra de Tod@s denunció que los indígenas sufren diversas modalidades de discriminación, por ejemplo: racial, idiomática, laboral y educativa, siendo sintomático que las mujeres indígenas sean visualizadas como empleadas domésticas.
El conflicto armado interno en el Perú y la situación de los derechos de los
pueblos indígenas. Graham Gordon – Asociación Paz y Esperanza.
El Sr. Graham Gordon, representante de la Asociación Paz y Esperanza, señaló en base al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconcilición, que a raíz de la violencia política de los años 1980-2000 murieron 52,500 indígenas y fueron desplazados 420,000 indígenas de la sierra de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Informó también que en la zona de Viscatán Sendero Luminoso mantiene en cautiverio a centenares de nativos ashaninkas, que por causa de dicho grupo armado desaparecieron 40 comunidades, que la mayor parte de los asesinatos y desapariciones producidas en la sierra se debió a efectivos militares, siendo dos de los casos más sonados los de Lucanamarca y Putis, y que existe demora en el Estado para adoptar medidas de reparaciones colectivas e individuales y para judicializar los abusos contra los derechos humanos que han sido reportados por la Comisión de la Verdad.
Tierra y territorio.
Milagros Ortega – Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica – CAAAP.
La Dra. Milagros Ortega, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, informó sobre la situación legal de los pueblos indígenas. Señaló que la Constitución sólo reconoce derechos a las comunidades campesinas y nativas, cuando debería ser a los pueblos indígenas según el Convenio 169 OIT. Y a pesar de la protección constitucional a la propiedad comunal, la legislación expedida por el gobierno incentiva la parcelación y la titulación individual para favorecer un mercado de tierras, mientras pone trabas a la titulación de las tierras comunales.
El Dr. james Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Fundamentales el y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas concluyó agradeciendo la información proporcionada por las organizaciones asistentes y solicitó precisiones respecto al tratamiento del derecho a la consulta, lo cual fue efectuado por los participantes
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